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Fecha: 27/06/2008 | Autor: fcye

El Sindicalismo en la construcción del Estado de las Autonomías. Julian Ariza Rico

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Como es sabido, CC.OO. aparecemos en plena Dictadura, la cual, además de caracterizarse por una mezcla de fascismo y nacionalcatolicismo, además de su naturaleza represora de todas las libertades democráticas, era no sólo centralista sino que negaba y reprimía realidades que venían de atrás en nuestro país y que se habían desarrollado de manera notable durante la II República. Me refiero al desarrollo de marcos políticos y prácticas sociales y culturales -en particular la lengua-, que dotaban de una identidad específica a diferentes comunidades de las que componen España, en particular, aunque no exclusivamente, Catalunya, País Vasco y Galicia. Se reprimía en ellas el uso de sus lenguas maternas y se tildaba de separatismo cualquier expresión cultural o política que contuviera o se consideraba que contenía algún sentido crítico hacia el Régimen. Obviamente, quienes luchábamos contra la Dictadura, luchábamos también contra su concepción de la Patria y a favor del respeto a la pluralidad de pueblos que la componen. A este factor que podríamos llamar “interno”, de país –sin duda el fundamental– se sumaba otro que influía notablemente en nuestro pensamiento y que se desarrollaba a nivel mundial en la época en que emergimos y comenzamos a extendernos y consolidarnos.

Me refiero al fuerte impacto de los movimientos de liberación nacional, a las luchas anticolonialistas. Luchas que, por ejemplo, demolieron el Imperio Británico, cuyo más conocido exponente fue la independencia de India. Lo mismo en África, donde la guerra de Argelia fue lo más sobresaliente. Indochina… Hasta, en nuestro caso, la descolonización del Sahara Occidental o Guinea Ecuatorial, con algún incidente menor como el ocurrido en Sidi Ifni. Todo esto contribuía a reforzar nuestra convicción de que la lucha por las libertades incluía la defensa y el respecto a nuestra diversidad, y que el futuro Estado de derecho, social y democrático, por el que peleábamos lo habría de tener en cuenta para su plasmación en las normas jurídicas, en la política y en la organización, no sólo del Estado sino de las propias organizaciones políticas y sociales. Así ha sido.

Gracias a la labor de nuestra red de Archivos Históricos, de la que forma parte la Fundación Cultura y Estudios de CC.OO. de Extremadura, gracias a ella, repito, hemos recopilado una interesante base documental de lo que fue nuestra actividad en aquella época. No es que haya abundancia de textos referidos al tema que nos ocupa hoy, pero lo que hay es bastante significativo.

Debo añadir que, aparte esa base documental, es el testimonio de nuestra práctica el que, quizás, puede ilustrar mejor nuestra contribución a la configuración del modelo de Estado que tenemos en España. Antes de continuar quiero recordaros que en aquella época CC.OO. nos considerábamos un movimiento sociopolítico. Nuestro gran objetivo era debilitar y, si hubiera sido posible, derrumbar la Dictadura. Pero nuestros instrumentos básicos fueron la utilización de las elecciones del sindicato vertical, la negociación colectiva, la lucha reivindicativa laboral y social y la denuncia por la carencia de derechos sindicales. Es decir, un movimiento cuya acción era marcadamente sindical, aunque su objetivo básico estaba en la recuperación de las libertades democráticas. Nuestro inicial ámbito de actuación fue sectorial: empresas y ramas de la producción –metal, construcción, artes gráficas, etc-. Sin embargo, a la Primera Asamblea Nacional que celebramos asistieron sólo representantes de regiones y provincias, no de sectores productivos.

Tenía su lógica. Existían ya Comisiones Interramas de ámbito, sobre todo, provincial y no resultaba viable organizar Comisiones de sectores de producción de ámbito estatal. En cierto modo suponía marcar una impronta por la que la estructura de base territorial de CC.OO. se fue consolidando antes que la sectorial o de Federaciones. Hubo que hacer un especial esfuerzo, ya iniciada la transición a la democracia, para intentar equilibrar la doble estructura del sindicato. Aquella Primera Asamblea Nacional la celebramos en Junio de 1967. Por cierto, nos reunimos a la sombra de las encinas de una finca cercada que el conde de Motrico, José María de Areilza, poseía en las afueras de Madrid, a la que personalmente nos llevó unas semanas antes a otro compañero y a mi, evidenciando de ese modo una vez más su inquina al Régimen, pese a que años atrás había sido embajador de España en Washington y en París. Durante la Asamblea aprobamos un documento donde citamos los territorios presentes y, entre otras cosas, fijamos posición sobre el Anteproyecto de Ley Sindical que el sindicato vertical debatía. Nosotros habíamos redactado un anteproyecto alternativo, en el que decíamos textualmente: “Dicho anteproyecto (el nuestro), enriquecido con las reivindicaciones sindicales y sociales específicas, que respetando su espíritu pudieran incorporar al mismo las distintas Comisiones, o con las reivindicaciones nacionales que –sin anteponerse a las de tipo sindical o social ni a la unidad de acción de todos los trabajadores españoles– fuesen decididas unitaria y democráticamente por las CC.OO. del País Vasco, Cataluña o Galicia, deberá ser difundido…” Importa comentar lo acabado de leer. Para empezar, vale la pena subrayar que el texto lo titulamos Asamblea Nacional. Quizás podíamos haber elegido otro título como, por ejemplo, Coordinadora. Pero no lo hicimos. Porque teníamos clara conciencia de formar parte de un todo único, plural, diverso…, pero único. Es decir, CC.OO. de y para toda España. También cabe destacar que nos preocupamos de advertir que las aportaciones que pudieran incorporarse como reivindicaciones nacionales, lo serían “sin anteponerse a las de tipo sindical o social ni a la unidad de acción de todos los trabajadores”.

La primera conclusión a la que quiero llegar es que asumíamos y defendíamos la pluralidad, la diversidad de nuestro país, pero siempre en la conciencia de que debía ser compatible con la unidad de los trabajadores. Ya antes, en otro documento básico que titulamos “Ante el futuro del sindicalismo” habíamos formulado la idea de realizar un Congreso Sindical Constituyente, una vez conquistadas las libertades democráticas, para que de manera libre los trabajadores se pronunciaran por una Central Sindical Única Lo hacíamos con la naturalidad de quienes sabíamos que compartíamos objetivos, reivindicaciones y prácticas. Cuando, ya en democracia, nos constituimos en sindicato, incorporamos a los Estatutos los que venían siendo principios básicos de nuestra actuación. En uno de ellos, el que llamamos sociopolítico, se dice textualmente: “La C.S. de CC.OO., consecuente con la defensa que históricamente mantiene de los derechos nacionales y autonómicos de los pueblos de España: Reconoce el derecho de autodeterminación de aquellos pueblos que lo deseen ejercitar a través de los mecanismos establecidos en la Constitución para su reforma (el subrayado es mío). [Cuando en el II Congreso se planteó una resolución de autodeterminación por libre, el Congreso la rechazó]

Apoya la plena consolidación de las autonomías nacionales y regionales, así como la plena solidaridad entre ellas. Y se define a favor del Estado federal”. [No confederal] Más adelante habla de que “adopta una estructura organizativa consecuente con la realidad plurinacional del Estado español”. Destaco la palabra “adopta”. Su importancia radica en que no son las organizaciones territoriales y sectoriales las que decidieron, a posteriori de su propia existencia, confederarse, sino que es la Confederación la que decidió, a priori, estructurarse como confederación. No digo nada de esto de forma gratuita.

Desde determinadas CC.AA. hay fuerzas nacionalistas que demandan bilateralidad en su relación con el Gobierno de España, demanda que significa una visión confederal del Estado, ajena tanto a la Constitución como a nuestros Estatutos. También exigen marcos autonómicos de relaciones laborales, transferencia de competencias básicas de la Seguridad Social, de las cuotas de desempleo, de las de formación, etc., etc. Es decir, pretenden anular, uno detrás de otro, todos los instrumentos de vertebración y cohesión social del país. Todo ello es preocupante, sobre todo si se piensa que el nacionalismo tiene cierta capacidad de contagio en el entorno en el que se desenvuelve. Nuestros Estatutos dicen que con ellos se configura “una normativa común básica, indisponible e inmodificable en los Estatutos específicos de las organizaciones confederadas”.

Esto, no hace falta decirlo, es compatible con la existencia de Estatutos de las organizaciones confederadas, que enriquecen y amplían en su correspondiente ámbito la norma confederal común. Es patente que las organizaciones de CC.OO. poseen una gran autonomía. En resumen, es inequívoca nuestra apuesta por el modelo de Estado en que se ha configurado España y por nuestra articulación como un todo único a la par de plural.

En la segunda parte de mi charla voy a comentar algunas otras cosas que, al menos personalmente, me preocupan y que están relacionadas con el desarrollo de nuestro modelo de Estado. Aunque aquí resulte innecesario decirlo, CC.OO. ha colocado como el primero de sus principios reivindicar la justicia, la libertad, la igualdad y la solidaridad. Así aparece en la primera página de nuestros Estatutos.

También aparece de forma destacada en el articulado de la Constitución Española. Obvio decir que otro de los principios de CC.OO. es el del internacionalismo. Igualdad, solidaridad, internacionalismo, son parte esencial de nuestras señas de identidad. El internacionalismo significa contribuir a superar una serie de fronteras como, por citar un primer ejemplo, las que existen en muchas partes del mundo para que penetren los derechos de los trabajadores. También superar fronteras culturales o las que, en el terreno laboral y social, diferencian en forma de discriminación a las mujeres respecto de los hombres. Por supuesto, también significa superar barreras económicas. Estas últimas, por cierto, parece que están bastante superadas, aunque no satisfactoriamente y no con el protagonismo del movimiento sindical.

Por esa vocación internacionalista contribuimos al proceso de unidad sindical a nivel mundial. Por eso, frente a una globalización económica a secas, reivindicamos una globalización de los derechos y de la democracia. Por eso somos decididos defensores de la unidad europea y de que su desarrollo sea paralelo en lo económico, político y social. Defensores del modelo social europeo. Por eso formamos parte de la vanguardia de los sindicatos europeos que desean dotar de más capacidad de acción a la Confederación Europea de Sindicatos, con miras a convertirla algún día en un verdadero sindicato supranacional.

Tras lo dicho es fácil entender por qué a muchos de nosotros nos provocan rechazo ciertos hechos y manifestaciones que, lejos de reforzar y prestigiar el Estado de las autonomías, lo erosionan y lo ponen en entredicho. Lo que no es bueno que ocurra.

En el terreno de los principios o, si se quiere, de los valores, choca a quienes compartimos los valores de CC.OO. –por eso decimos ser un sindicato de clase– ese interés en priorizar la diferencia sobre la igualdad. Hay quienes lo justifican por lo que llaman “hechos diferenciales”.

Pero existen razones para pensar que bajo la bandera del hecho diferencial se esconde el deseo de mantener o conseguir alguna que otra ventaja o privilegio. Tampoco podemos aceptar esa idea de reducir el ámbito de aplicación de la solidaridad, por aquello de que “solidarios sí, pero sin perder nada” Y, desde luego, nos sorprende el predicamento que las ideas nacionalistas tienen en algunos sectores de la izquierda Nos llama también la atención que en un mundo donde, por el solo hecho de la revolución tecnológica, es imparable la tendencia al ensanchamiento de los mercados y el desarrollo de bloques regionales –UE, Mercosur, CAN, Sudeste Asiático, etc. –; es decir, que frente al evidente impulso a la mundialización de la economía exista el empeño en la compartimentación, en la fragmentación de un mercado como el de España para hacer varios mercados más pequeños. Por supuesto que, en un Estado como el nuestro, hay que respetar lo que representan las transferencias de competencias a las CC.AA. y su capacidad de gestión y regulación. No sólo respetarlo: defenderlo.

Pero ¿qué sentido tiene, por poner un ejemplo muy pequeño, que los fabricantes de ambulancias tengan que adaptarlas a la norma que dicta cada Comunidad Autónoma? ¿Es que los enfermos que transportan tienen dolencias dependientes del ámbito territorial donde habitan? No se trata de caricaturizar nada sino de ilustrar con una anécdota un problema de fondo que, tras estudiar bastantes casos de mayor calado, llevaron al Consejo Económico y Social de España a publicar un Informe titulado “Unidad de Mercado y Cohesión Social” donde se exponen un conjunto de disfunciones susceptibles de corrección y se dice: “La acción de Gobierno, vía norma legal, pacto, convenio, consejo o cualquier otra denominación de un órgano coordinador, debería haberse producido con carácter previo a las distintas transferencias que operan en beneficio del poder legítimo conferido por la Constitución a las Comunidades Autónomas. Ello no ha ocurrido en la mayoría de los casos”.

Esa falta de previsión ha afectado a cantidad de asuntos sobre los cuales somos especialmente sensibles y que tienen que ver con la igualdad, la solidaridad y la cohesión social. En primer lugar, me referiré a uno de bastante actualidad, que tiene que ver con la distribución de la renta, con la fiscalidad y con la financiación de las Autonomías. Las cinco CC.AA. más ricas, tienen sólo un poco más población que las cinco menos ricas y ocupan un espacio territorial que debe ser, más o menos, la cuarta parte del territorio que ocupan estas últimas; pero obtienen, aproximadamente, 15 puntos más de PIB. Gracias a los Fondos de Compensación, de suficiencia y algunos otros, ha habido avances en la convergencia de unas y otras CC.AA.; pero desde hace 10 años asistimos a un práctico estancamiento. Con la particularidad de que la solidaridad de las cinco más ricas esta circunscrita a tres de ellas: Madrid, Baleares y Catalunya. La aportación del País Vasco y Navarra es prácticamente nula. No es, pues, extraño que, con datos proporcionados por un artículo que publica “Gaceta Sindical”, escrito por Miguel Angel García, del Gabinete Técnico de la Confederación, sepamos que la renta media por habitante en 2006 era, en números redondos, de unos 15.000 euros en Extremadura y unos 29.000 en Madrid. Por supuesto que esta no es una responsabilidad directa del modelo de Estado. Al contrario, las diferencias vienen de muy atrás y eran más acusadas. Pero, aparte algo que más adelante se señala en el citado artículo, lo cierto es que ha habido un enorme crecimiento de la riqueza en la última década, pero su distribución personal apenas ha variado.

Somos mucho más ricos como país, pero la pobreza relativa, que afecta en torno al 20 por 100 de la población -y también esta desigualmente repartida-, se mantiene sin variación desde hace años. Y ese es un claro fallo en cuanto a distribución y redistribución de la riqueza, que tiene relación directa con el insuficiente grado de convergencia entre unas y otras CC.AA. Por otro lado, hay Comunidades Autónomas que exigen limitar la solidaridad respecto de la igualdad de acceso a los servicios públicos esenciales, diciendo incluso que la dotación de fondos para su nivelación entre la ciudadanía en el conjunto de España sólo afecte a la sanidad, educación y servicios sociales. Son sin duda los más importantes. Pero ¿es de recibo que una Comunidad decida unilateralmente qué se nivela y qué no se nivela? ¿Es aceptable dejar fuera de los mecanismos solidarios servicios públicos como los relacionados con la justicia, la vivienda, la orientación laboral, el transporte o el medio ambiente? Habrá que confiar que semejantes pretensiones, que en este momento están en el centro del debate, no consigan prosperar. Pero hay más.

Parece que se ha convertido en obligación del Estado financiar durante siete años inversiones en Catalunya, en proporción equivalente a su PIB. Otros Estatutos de autonomía plantean exigencias diferentes, algunos quieren lo que consigan otros y todas las Comunidades Autónomas aspiran, lógicamente, a mejorar su situación. ¿Cómo se compatibilizan estas pretensiones? Por otra parte, si a cada Comunidad Autónoma se le diera lo mismo que viene de ella ¿de dónde saldrían los recursos para la solidaridad, la redistribución y la cohesión social que competen, sobre todo, al Estado? Llamo la atención sobre lo que nos dice en su artículo Miguel Angel García sobre el hecho de que, si se le deducen las transferencias incondicionadas que van a las Administraciones Territoriales, se le deduce la aportación a la Unión Europea y los gastos financieros de la Deuda Pública, la capacidad real de gasto de la Administración General del Estado se limita al 17 por 100 del gasto público total. Es sabido que el grueso del gasto, aparte lo que compete a la Seguridad Social, lo realizan las CC.AA. Con ese 17 por 100 la Administración General del Estado tiene que hacer frente a funciones tales como la inversión en infraestructuras –base esencial para el desarrollo regional-, la defensa, la seguridad ciudadana, el pago de las pensiones de las clases pasivas, la justicia, la promoción de empleo, la inversión en I+D+i y otras cuantas más, entre ellas los variados convenios con las Administraciones Territoriales en materias de empleo, vivienda, subvenciones al transporte, etc.

Sobran los comentarios si asociamos el dato a esa función redistribuidora y de cohesión social y territorial que corresponde realizar a través de la Administración General del Estado en cumplimiento de los mandatos constitucionales. Otro de los temas es el ya manido de las balanzas fiscales y su equilibrio. Por cierto, se habla mucho de balanzas fiscales y poco de balanzas comerciales o de servicios. No vale la pena repetir, por enésima vez, que los territorios no tributan, lo hacen las personas. No hay que ser experto en Hacienda para entender que si hay personas físicas o jurídicas que tributan más es porque ganan o tienen más. Recuerdo lo que he comentado antes sobre la renta media por habitante en Madrid y en Extremadura. Lo dicho hasta aquí obliga a preguntarnos ¿Cómo se compagina todo esto con el mandato constitucional, (artículo 130.2), que dice que “las diferencias entre Estatutos de las distintas CC.AA. no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos y sociales”.

Llegado a este punto, quiero dejar claro que no he venido a juzgar a una u otra Comunidad Autónoma. Lo que critico es la actitud egoísta y provinciana de algunos de sus gobernantes. Si he puesto algunos ejemplos concretos es porque están hoy ocupando la atención de la ciudadanía y sembrando de inquietud a buena parte de la sociedad. Añado que es fácil entender que nacionalistas declarados y algunos un tanto vergonzantes traten de arrimar el ascua a su sardina. Pero no puedo por menos que lamentar que ciertas pretensiones y algunos argumentos procedan de quienes se dicen representantes de la izquierda y sus valores. Ya he apuntado que las disfunciones aparecen en ámbitos variados. Una de ellas, de no fácil solución, es la desigual posición de las CC.AA. del Régimen Común respecto del País Vasco y Navarra, en virtud del singular sistema fiscal de que disponen. No sería realista ni prudente plantear una reforma constitucional. Seguro que el remedio resultaría peor que la enfermedad. Pero sí cabe más rigor y firmeza en la exigencia de lo que les correspondería transferir a las arcas del Estado para corregir la fuerte inequidad que existe en las aportaciones a la solidaridad, pese a que, como he dicho antes, son dos de las cinco CC.AA. más ricas.

Entrando ahora en algunos otros de los problemas que se ciernen sobre todos nosotros, que tienen que ver con el desarrollo del Estado de las Autonomías, habría que comenzar por enfatizar que es inaceptable de todo punto la pretensión de que se transfieran competencias de la Seguridad Social, directamente ligadas a su gestión y régimen económico. No sólo por ser inconstitucional sino porque representaría un torpedo a la línea de flotación del principal instrumento vertebrador y de cohesión social del país.

A modo de sencilla aproximación al asunto podemos empezar recordando que, por ejemplo, la pensión media de jubilación en el País Vasco es, aproximadamente, un 60% más alta que en Galicia. La de viudedad más del 40%. En un sistema contributivo y de reparto como el que tenemos eso tiene su lógica, pues el cálculo de la pensión guarda relación con la cuantía y la duración del período en que se efectúan las cotizaciones. Y eso tiene directa relación con el tipo de tejido productivo que hay en cada lugar, con la existencia de más o menos paro, con el tipo de contratos y su mayor o menor estabilidad y, lógicamente, con el nivel de los salarios. Es otra de las muchas razones para potenciar la solidaridad a la hora del desarrollo de las regiones más desfavorecidas. Gracias a la solidaridad inherente al sistema de caja única de la Seguridad Social, las pensiones de Regímenes Especiales –del Carbón, Autónomos, etc.- no se resienten, a pesar de que tales Regímenes son deficitarios. Y gracias también a la solidaridad del sistema, las pensiones más bajas se benefician del llamado complemento a mínimos, que en regiones como Extremadura, Galicia y Castilla-Mancha llegó años atrás a beneficiar a casi la mitad de las pensiones. ¿Hace falta argumentar lo que resultaría si se rompiera el sistema de caja única?

Aunque últimamente se observa mayor discreción sobre esta vieja demanda del nacionalismo periférico, la pretensión no esta en absoluto abandonada. Lo que sí esta en el orden del día es el tema de la Sanidad. Un artículo firmado por José M. Repullo y José M.Freire, miembros de la Escuela Nacional de Sanidad, publicado este año en “Gaceta Sanitaria” con el título “Gobernabilidad del Sistema de Salud”, da algunas de las claves de este problema.

Su lectura ilustra esa deficiencia señalada por el CES de España, esto es, que la transferencia de competencias sin unos adecuados y eficientes instrumentos de coordinación previos, llevó aparejada la libertad de gasto y, en el ejercicio de esa libertad y para que se notara el liderazgo, cada Comunidad elevó las retribuciones a su aire, fue ampliando el menú de los servicios, adoptó también a su manera los modelos de gestión y, como los recursos provenían de la Administración Central y los márgenes de obtención de recursos propios apenas se utilizaban, al final el déficit crecía exponencialmente. Encima, se ha sumado el gasto añadido derivado del incremento de la población. Lamentan los autores del artículo que el debate técnico y político sobre los beneficios de las transferencias sanitarias no se haya hecho, y aunque no cuestionan las ventajas inherentes a la descentralización, queda claro que tiene un inconveniente básico: la inequidad.

La necesidad de una mayor coordinación parece fuera de duda. Por ejemplo, estudios hechos en una serie de hospitales muestran que si existiera coordinación en la compra de bienes y servicios podría ahorrarse en torno al 5%, esto es, varios cientos de millones de euros. En fin, reiteran lo que desde diversas instancias se echa de menos, es decir, la carencia de un adecuado sistema de información sanitaria del Servicio Nacional de Salud que permita la evaluación y comparación entre Comunidades Autónomas y entre costes y servicios. Este esquemático retrato lo compartimos muchos de nosotros. Tanto es así que desde la dirección de CC.OO. hace ya años que se viene planteando la necesidad de un acuerdo, a imitación del Pacto de Toledo sobre las pensiones, que consiga afrontar en su conjunto los principales problemas que aquejan al sistema sanitario público, del que poco a poco se van descolgando ciudadanos y nutriendo la sanidad privada, amén de los procesos de privatización que, desde ciertos gobiernos autonómicos, vienen efectuándose con cada vez mayor intensidad. Por razones de tiempo no puedo seguir detallando, ni siquiera a grandes trazos, lo que sucede en otros servicios públicos fundamentales como, por ejemplo, la enseñanza.

Basta leer alguno de los informes que han circulado no hace demasiados meses para constatar que el nivel de rendimientos del alumnado, las tasas de escolarización, los planes de estudio, la movilidad y retribuciones del profesorado, por no hablar de la enseñanza en una u otra lengua, conforma un panorama autonómico bastante problemático, convirtiendo esta materia en otra de las grandes disfunciones que afectan a la cohesión social y que debieran subsanarse.

También aquí es imprescindible intentar algo así como un pacto de Estado, pues pese a ser una más de las transferencias realizadas, existen instrumentos que, sin ponerlas en cuestión, pueden ordenar mejor el sistema educativo. Hubiera deseado decir unas cuantas cosas de esa impresentable pretensión de crear marcos autonómicos de relaciones laborales, hablarles de la inconveniente transferencia de la Inspección de trabajo, apuntar más cosas sobre el empleo y valorar el alcance y las dificultades que para corregir las considerables diferencias en servicios sociales puede tener la Ley de Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Lo que si quiero, antes de hacer un breve resumen, es insistir una vez más que el modelo de Estado de las Autonomías, en conjunto, ha resultado positivo para todos. Que existan sonadas disfunciones no invalida el hecho de que su contribución es parte importante del gran salto adelante dado en nuestro país en estos ya más de treinta años de democracia. Pero esas disfunciones hay que corregirlas si se quiere seguir legitimando el modelo. Por lo demás, resumiría lo dicho con algunas conclusiones. - La primera de ellas es que en materia de solidaridad, igualdad y cohesión, la responsabilidad básica recae en el Gobierno de España.

Tiene instrumentos y competencias constitucionales para ejercer esa responsabilidad. Pero, entre otras cosas, tiene que disponer de recursos para ello. La Administración General del Estado no puede continuar adelgazando hasta convertirse en anoréxica. - Es necesario desarrollar la corresponsabilidad fiscal. La cuestión no estriba sólo en ampliar el porcentaje de tributos cedidos sino en que las CC.AA. ejerzan sus competencias para obtener recursos adicionales, de modo que cualquier ampliación de los servicios que prestan por encima del nivel general quede claro que se financian con recursos propios. A su vez, hay que tener muy presente que para evaluar el nivel de cohesión social y solidaridad interregional se necesitan eficaces instrumentos de coordinación, transparencia y control. Es preciso un puntual conocimiento de las liquidaciones, tanto de ingresos como de gastos. Lo es también para la evaluación y las comparaciones entre las CC.AA. - Es necesario un órgano consensuado al máximo para hacer un cálculo solvente del coste de los servicios transferidos y su actualización. - Y termino insistiendo en que la coordinación y concertación a través de instrumentos pactados es fundamental.No sólo que funcionen mejor que los instrumentos actuales sino, incluso, la puesta en marcha de otros mecanismos que garanticen unas coberturas mínimas para todos los ciudadanos y una homogeneidad básica en todo aquello que afecte a la igualdad y a la cohesión social.

Nada más. Muchas gracias. Y felicitaciones por este 30 Aniversario de CC.OO. de Extremadura y por el 25 de vuestro Estatuto de Autonomía.

Mérida, 5 de junio de 2008

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